Orizaba, Ver.- Las protestas en contra de los resultados de la elección de jueces y magistrados locales y federales no pasarán de ser manifestaciones callejeras, pues el plazo legal para impugnar el proceso ya venció y no existen actualmente recursos jurídicos que puedan revertirlo, aseguró el abogado orizabeño Manuel Mendoza, experto en temas electorales.
De acuerdo con Mendoza, el domingo 6 de julio a las 23:59 horas concluyó el periodo para presentar inconformidades formales ante los tribunales correspondientes. Sin embargo, muchas de las expresiones de rechazo que se han visibilizado en los últimos días provienen, en su mayoría, de actores que participaron en la contienda y no resultaron favorecidos, y que ahora presionan con movilizaciones públicas, aunque sin sustento jurídico para revertir el fallo.
“Las inconformidades ya no tienen salida jurídica, sólo mediática o política. Lo que estamos viendo es una estrategia de presión, sobre todo por parte de jueces que no lograron reelegirse o que perdieron espacios clave dentro del aparato judicial”, sostuvo.
Uno de los principales argumentos de quienes impugnan el proceso, explicó el abogado, tiene que ver con presuntas inconsistencias en la elección, como el uso de “acordeones” para inducir el voto hacia ciertos perfiles, lo cual, en una elección ordinaria de autoridades como diputados o presidentes municipales, habría sido motivo suficiente para demandar la nulidad del proceso.
Además, tanto en el ámbito federal como local, las actas oficiales muestran una elevada cantidad de votos nulos, lo que ha encendido las alertas entre especialistas.
“Tan sólo en el proceso local, hay más de 200 mil votos nulos, una cifra sumamente alta en comparación con los votos válidos de quienes resultaron electos. Eso en una elección común sería motivo de revisión profunda e incluso de nulidad”, señaló Mendoza. No obstante, insistió en que esas irregularidades ya no podrán ser revisadas por los tribunales debido a que los tiempos procesales ya concluyeron.
“Es una elección con inconsistencias, sin duda. Pero si ya no hay recursos legales vigentes, lo que pesa es la voluntad política, más que la legalidad. Esa es la realidad del sistema jurídico-electoral actual”, afirmó.
En la sesión celebrada el lunes pasado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), los consejeros defendieron la legalidad de su actuación. Afirmaron que cumplieron con su labor conforme a los lineamientos establecidos, y que ahora corresponderá a las instancias jurisdiccionales resolver los casos que hayan sido presentados dentro del tiempo que marca la ley.
“Los consejeros del OPLE hicieron su trabajo. Ahora la responsabilidad está del lado de los jueces y magistrados, pero si no hay impugnaciones activas, no hay posibilidad de echar atrás nada”, subrayó Mendoza.
El especialista también reveló que algunas de las voces más críticas del proceso pertenecen a jueces en funciones que perdieron la reelección o no fueron ratificados en sus cargos.
“Muchos están buscando presión pública para obtener una reubicación o una compensación política. Eso no es nuevo, es parte del juego político judicial”, aseguró.
Por último, recordó que el sistema electoral mexicano, si bien es complejo, establece reglas claras y plazos definidos.
“Cuando una elección termina, la única forma de revertirla es por la vía legal. Una vez cerrada esa vía, lo demás son expresiones legítimas, pero sin fuerza jurídica. Las calles pueden alzar la voz, pero no cambian resoluciones”.
#Lajornadaveracruz
About the Author
